[Opinión] No regresividad: claves para pensar la Argentina 2015-2019

La República Argentina se ha consolidado en los últimos años como un faro en materia de promoción y protección de los derechos humanos. Con esto no se pretende obviar las violaciones que se continúan constatando, como por ejemplo la relativa al acceso al hábitat, o al acceso al agua potable, entre otras; pero sí permite afinar el lápiz en relación a los horizontes que los Estados (en sus distintos niveles: Nación, Provincia y Municipio) deben observar al momento de diseñar y ejecutar las políticas públicas.

[Opinión] No regresividad: claves para pensar la Argentina 2015-2019

Por Jerónimo Guerrero Iraola

En dicha línea debemos remarcar, en primer término, la plena exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Es cierto que los instrumentos que rigen la materia, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (sistema universal), o el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de DESC (sistema interamericano) utilizan la cláusula gatillo hasta el máximo de los recursos disponibles, lo que en los hechos se instituye en la excusa estatal/gubernamental para poner freno a la ampliación de derechos.

Sin embargo, las lecturas de dichos instrumentos deben realizarse en forma sistémica, es decir, resulta crucial apreciar la totalidad de los textos que, en el caso argentino, constituyen ley positiva vigente. Aparece entonces un principio fundamental para comprender la dimensión de derechos: la progresividad. En la práctica, el principio de progresividad implica tender siempre a la ampliación de derechos, utilizando como piso/plataforma de lanzamiento el estado de consagración/ejercicio (no siempre los derechos consagrados son efectivamente ejercidos) para desde allí continuar con el diseño y ejecución de políticas públicas que tiendan a ampliar el mentado espectro.

La contracara del principio en cuestión es la obligación de no regresividad. En este punto, resulta vital asumir que no sólo los Estados deben tender a ampliar derechos, sino que además deben abstenerse de restringir/vedar el ejercicio de aquellos ya consagrados.  Aquí se inscribe, entonces, la clave para pensar la Argentina 2015/2019. Sería oportuno exigir al Gobierno que exhiba las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales con las que asumió, y que someta las mismas a un debate público. Al 9 de diciembre de 2015… ¿Cuál es la tasa de empleo/desempleo con la que asumió? ¿Cómo era la situación en relación a empleo registrado/no registrado? ¿Cuál era el salario medio medido en dólares de las y los trabajadores? ¿Cuánto costaba, medida en dólares, la canasta básica? ¿Cuál era la tasa de ingreso/egreso a los distintos niveles educativos? Éstas por tomar sólo algunas de entre otras preguntas cruciales para evaluar y apreciar el destino de las políticas que se irán implementando.

Así podremos contraponer los modelos de desarrollo y a su vez encausar dicho debate en una perspectiva de derechos (que para el Estado implica obligaciones de carácter internacional oportunamente asumidas). La CEPAL  ha expresado que:

Un desarrollo basado en la ciudadanía social conlleva, como acuerdo fundamental, la decisión de una sociedad de vivir entre iguales, lo que no implica homogeneidad en las formas de vivir y pensar, sino una institucionalidad incluyente que garantiza a todos las mismas oportunidades de participar en los beneficios de la vida colectiva y en las decisiones que se toman respecto de cómo orientarla. En este sentido, la pobreza no es solo una condición socioeconómica caracterizada por la falta de acceso a los mínimos considerados en una escala de necesidades básicas o la falta de participación en el progreso colectivo debido a la brecha entre el ingreso de los pobres y el ingreso medio de la sociedad; ser pobre o excluido es sobre todo carencia de ciudadanía o condición “preciudadana”, en la medida en que se niega la titularidad de derechos sociales y de participación.

El futuro inmediato nos debe encontrar ocupados en la construcción de indicadores que permitan realizar evaluaciones de impacto de las políticas públicas implementadas por el actual Gobierno, de modo tal de diseñar una clave de derechos que, además, persista para garantizar/exigir a eventuales nuevas gestiones un desarrollo progresivo en materia de derechos humanos. El decurso histórico de la República Argentina, junto con una interpretación cabal del derrotero de la historia universal, nos debe servir como plafón para comprender la importancia de pensar en los niveles local y global la construcción de una ciudadanía social.

El Estado argentino detenta la obligación de garantizar en forma progresiva el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Su plena vigencia implica asumir una ardua labor orientada a futuro en la que se aprecie una constante tendencia a la ampliación de los mismos. Pensar en contrario implica vulnerar derechos fundamentales. Suspender o retrotraer derechos pensando en una ulterior reposición de los mismos vía “derrame” constituye una opción no viable si se aborda desde el criterio de la igualdad y la manda de construcción de una ciudadanía social. La no regresividad en materia de DESC se instituye así, en una potente herramienta para pensarnos como pueblo en general y como oposición en particular.

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